DIEGO TOMÉ CAMOIRA
Todo deporte nace tosco y popular. Sumamente imperfecto, y hay quien ve belleza en esa primera fase de “incubación”. No obstante, una práctica deportiva no se puede considerar tal hasta el momento en que se disponen unas normas y -sobre todo- hay alguien capacitado para hacerlas cumplir.
El mundo del arbitraje en España ha estado perseguido, vilipendiado por propios y extraños y, prácticamente, odiado por todos y cada uno de los aficionados al esférico; matar al mensajero. A los encargados de hacer cumplir las normas que, desde hace siglo y medio, con sus pequeños cambios, rigen al fútbol tal y como lo conocemos en la actualidad.
‘Pasaba por aquí, y he visto luces’
Entre las afirmaciones más recurrentes para con el arbitraje está aquella que dice que los mejores colegiados son aquellos que pasan desapercibidos durante el partido. Es decir, aquellos que pasaban por allí y no tenían mejor cosa que hacer en aquel momento que arbitrar un encuentro; aquellos que no dan que hablar.
En el otro lado de la balanza se encuentran los partidarios del “bien o mal, lo importante es que hablen de mí”, obviándose que habitualmente, si el arbitraje se vuelve tema de conversación -ya sea en los grandes medios de comunicación de masas o en la barra de un bar- es porque la actuación arbitral ha llevado a polémica.
La realidad es que, para bien o para mal, hablar del arbitraje en España es hacerlo de lo que ocurre durante los 90 minutos que los colegiados están sobre el terreno de juego. Este efecto parece haberse acrecentado aún más con la introducción del VAR en la Liga desde la pasada temporada.
Bajo toda esta superficie hay una realidad con más de 15.000 colegiados en todo el territorio español. Entre toda esa maraña arbitral existe un contexto bastante desconocido, difícil de explicar y bastante hermético en lo que respecta al trato con el aficionado y los medios de comunicación por parte de los propios árbitros.
La ¿diversidad? en la élite
Llegar a arbitrar en categorías profesionales y semi profesionales del fútbol español es un lujo al alcance de muy pocos. De hecho, contando tanto a árbitros principales como asistentes, delegados y asistentes de VAR el número total de colegiados es de 365 entre Primera, Segunda, Segunda B y Primera Femenina, las cuatro categorías de las cuales la RFEF presenta datos públicos cada temporada.
Estos 365 árbitros acceden a estas categorías a través de una serie de ascensos y descensos decididos, en este caso, directamente por la propia federación. Para el resto de categorías amateurs del balompié nacional la gestión recae en los propios colegios territoriales.
Para acceder a las mencionadas categorías, la Real Federación Española de Fútbol ha implantado en los últimos años un programa de talentos y mentores. A partir de ahí, se realizan ascensos y descensos esporádicos. En el caso de los árbitros principales de Primera y Segunda, por ejemplo, este número es de dos árbitros por temporada, pudiendo aumentar este número en caso de que alguno de los colegiados causara baja por haber sobrepasado el límite de edad establecido.
Esta política de ascensos y descensos provoca grandes desigualdades entre colegios territoriales. De hecho, mientras colegios territoriales como el andaluz cuentan con hasta 36 árbitros -ya sean primeros o asistentes- en las categorías mencionadas anteriormente, La Ríoja cuenta únicamente con 6.
Jubilación a los 45
Pasar de auxiliar -categoría más baja entre los árbitros- a arbitrar encuentros de fútbol profesional en España es un hito al que pocos pueden aspirar. Si bien es cierto que en apenas dos años cualquier árbitro puede obtener la categoría regional, avanzar por estas es una tarea mucho más complicada.
A partir de esta categoría, cada partido es, prácticamente, un examen. Distintos informadores designados por la RFEF acuden a determinados encuentros en los que puntúan la actuación arbitral. A final de “curso” se realiza una media numérica entre las notas otorgadas por los informadores y quienes hayan obtenido un mejor baremo ascenderán y viceversa.
Pero no todo lo que brilla es oro. El ascenso de Tercera División a Segunda B, es decir, el salto del ámbito regional al nacional en cuanto a categoría arbitral se refiere, tiene que ser refrendado por un curso de ascenso, en el cual, a las notas otorgadas por el informador, se le suma la puntuación obtenida en el examen técnico y las pruebas físicas que los árbitros deben realizar.
Una vez se obtiene la categoría nacional, nace una de las cuestiones que mayor grado de controversia provocan en el arbitraje español: la edad de jubilación.
En España, al menos hasta la fecha, no se puede arbitrar siendo mayor de 45 años. La jubilación llega, en muchas ocasiones, de manera anticipada, y más si se echa un vistazo a ligas como la Premier League, donde muchos de sus árbitros principales, superan la barrera de los 50 años.
Los mecanismos legales explicados hasta ahora velan porque haya una continua renovación en el cuerpo arbitral. No obstante, si se compara el caso español con el del resto de grandes ligas europeas, la edad media del arbitraje en España está por encima de la de la Eredivisie o la Serie A, y no muy por debajo de ligas como la francesa, la alemana o la portuguesa.
Una relación administrativa
Si hay un punto en el que los intereses del arbitraje en España colisionan de manera frontal con los intereses de la RFEF es el de las relaciones contractuales que unen a unos y a otros. O, más bien, la falta de relación contractual que existe en la actualidad.
En la práctica, los colegiados en España se encuentran en un limbo en el que el árbitro no es ni un autónomo, ni un asalariado ni un trabajador por cuenta ajena. Es decir, la relación que une al común de los árbitros con la federación es, únicamente, administrativa.
Pese a que para la temporada 2018-19 los sueldos de los árbitros aumentaron ostensiblemente, sufriendo un incremento de más del 10% y llegando a percibir una cuantía cercana a los 300.000 euros por temporada, lo cierto es que estas relaciones contractuales están muy lejos de las pretensiones del arbitraje en nuestro país.
Tras varios años de luchas internas, las relaciones entre el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y la Real Federación Española de Fútbol empezaron a encauzarse con la llegada de Luis Rubiales a la presidencia de la RFEF.
El pasado diciembre, tras varias negociaciones, el arbitraje en España consiguió uno de los hitos que, hace apenas un lustro, parecía impensable. A partir de la próxima temporada 2020-21 los árbitros españoles de categorías profesionales -Primera y Segunda- se acogerán, por primera vez, al régimen de la Seguridad Social.
Tras la aprobación de la propuesta lanzada por parte de la RFEF al Gobierno de España en el año 2018, los árbitros pasarán a estar incluidos en el régimen del deportista profesional, regulado por el Real Decreto 1006/85.
Las ‘chicas’ con las ‘chicas’
El impulso que ha sufrido el fútbol femenino en España durante los últimos años se ha traducido en mayor visibilidad y apoyo por parte de patrocinadores como en el caso de Iberdrola.
Tan sólo un año después de que la empresa eléctrica comenzase su acuerdo de patrocinio, y con el fin de potenciar el arbitraje femenino en nuestro país, se tomó la decisión de que fuesen únicamente mujeres quienes arbitrasen los encuentros de la Primera Femenina.
De entre los casi 15.000 colegiados que imparten justicia sobre los terrenos de juego en España, tan sólo 700 son mujeres, y de entre estas 700, solo una, la tinerfeña Marta Huerta de Aza, arbitra encuentros de fútbol masculino en las 3 primeras divisiones del fútbol nacional. Lo hace en la Segunda División B.
Es decir, si bien se ha logrado que sean ellas quienes tomen el mando en el fútbol femenino, parece que en lo que respecta al fútbol masculino aún queda terreno por andar. Sobre todo, cuando menos del 5% del total de árbitros en España lleva acento femenino.
